Los padres de Ayotzinapa aseguran que el Gobierno sigue mintiendo sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos hace un año y siete meses.
Padres de los 43 normalistas mexicanos desaparecidos en septiembre de 2014 aseguraron este lunes que el Gobierno de México miente y pretende alejarlos de la verdad en las investigaciones, tras la negativa del Estado de extender el plazo a los expertos forenses que llevan el caso.
Asimismo, expresaron su agradecimiento al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por haber revelado la verdad de lo ocurrido con sus hijos y desmentido las hipótesis del Gobierno.
Bernardo Campos, miembro del movimiento y padre de lo uno de los desaparecidos, dijo que con el GIEI "tuvimos la confianza (...) ya que el Gobierno no nos pudo decir la verdad".
"Es claro que el grupo expertos de la comisión no se va porque hayan terminado con su trabajo, no se van porque los padres no hayan agradecido su trabajo (...) se van por la falta de voluntad política", agregó.
Insistió en que continuará la lucha por conocer el paradero de su hijo y que seguirá diciéndole sus verdades al Estado. "Quisiéramos que el GIEI se quedara con nosotros hasta saber la verdad y una respuesta, que es lo que nos importa", sostuvo.
En entrevista exclusiva con teleSUR, Campos recordó la tristeza que comenzó el pasado 26 de septiembre de 2014 cuando sus los 43 normalistas desaparecieron.
Manifestó que pensaron que iban a devolver a los jóvenes.
Sin respuestas
Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes, precisó que a un año y siete meses de no ver a su familiar, solo quiere que el mundo sepa que aún el Gobierno no les da respuesta.
"Se lo dijimos al presidente Enrique Peña Nieto que si no tenía la capacidad para darnos respuesta se tenía que ir (...) Ayer con la presentación del informe de la GIEI queda claro que se está encubriendo a alguien y sigue en aferrarse a la verdad histórica", manifestó.
De la Cruz aseguró que todo el sistema judicial mexicano miente, pero que pese a ello seguirá adelante. "Es un año y siete meses de tortura psicológica, de desaparición y coraje, de querernos engañar. Hoy corren a los expertos porque están cerca de la verdad", sostuvo.
Del mismo modo, sentenció que "no nos va a derrotar el tiempo, hoy estamos más firme y el 26 de abril saldremos a la calle a exigir justicia para los caídos y lesionados".
La movilización que se realizará el martes exigirá "la presencia con vida de los normalistas y justicia para los caídos y lesionados", agregó.
Solicitan investigación
Mario César González Contreras, padre de uno de los estudiantes, solicitó en la conferencia una investigación contra el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal Procuraduría General de la República (PGR), Thomás Zeron.
También pidió que sea investigada la coordinadora general de servicios periciales de la PGR, Sara Mónica Medina.
"Se nos está privando el derecho a la verdad y vamos a seguir luchando, porque el caso Ayotzinapa apenas comienza, apenas se empieza a desenmarañar lo que la Procuraduría estaba queriendo plantar", dijo.
Acusó a la PGR de plantar pruebas y de forzar declaraciones de testigos para que se acoplaran a sus intereses.
"Sabemos que ahorita le dio vergüenza al Estado porque los expertos estaban haciendo el trabajo que a ellos les correspondía, pero esa vergüenza no es otra cosa más que complicidad y encubrimiento, pensaron que nos iban a callar, que esto se iba a olvidar", manifestó.
Ataques mediáticos
González Contreras denunció que el movimiento de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa son víctimas de ataques mediáticos e indicó que está consciente de que "vendrán muchos más".
En contexto
En la conferencia de prensa se reunieron familiares de los normalistas para fijar postura con relación al informe que entregaron los especialistas este domingo en una universidad de México, en el que dan a conocer una serie de fallos e irregularidades en torno a las investigaciones del caso.
La teoría de la PGR, conocida como "la verdad histórica", indica que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.
Los expertos del GIEI echaron por la borda la hipótesis y revelaron una serie de irregularidades en las pesquisas.
El GIEI terminará su mandato en este país el venidero 30 de abril, luego que el Gobierno no les permitiera continuar su trabajo en la nación.
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