El 18 de marzo de 1938 México cambió su historia con la nacionalización del petróleo, el cual había estado en manos de 17 compañías extranjeras que no pagaban impuestos al Estado y violaban derechos laborales.
La lucha sindicalista fue la principal impulsora de la nacionalización del petróleo en México. Fueron los trabajadores quienes cansados de los bajos sueldos, las inhumanas jornadas laborales y las escasas condiciones de seguridad, denunciaron la explotación de las empresas extranjeras.
Mientras las compañías extranjeras se enriquecían con el petróleo mexicano, se negaban a pagar los impuestos que señalaba la ley y no querían mejorar los salarios de sus trabajadores, que estaban muy por debajo de los extranjeros.
En 1936, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros -cuya fundación se debió a que en 1934 el general Lázaro Cárdenas impulsó la creación de sindicatos- lideró una serie de diálogos con los dueños de las empresas en busca de mejores condiciones salariales para los obreros, pero pese a la intervención del gobierno estas conversaciones fueron infructíferas.
Estas injusticias dieron lugar a la huelga del 31 de mayo de 1937 para exigir un aumento de sueldo del 90 por ciento, una jornada laboral de 40 horas, derecho a la salud y a la incapacidad pagada. La huelga contó con abundantes muestras de solidaridad del pueblo mexicano. Pues, no estaban solos: la industria energética, textil y ferroviaria pasaba por una situación similar.
Tras diez meses en huelga, los trabajadores retornaron a sus actividades gracias a la mediación del presidente Cárdenas, quien nombró una comisión investigadora, la cual determinó que entre 1934 y 1938 las petroleras habían cometido innumerables fraudes fiscales y obtenido ganancias de hasta 150 millones de pesos.
En vista del claro abuso de las empresas, el general Cárdenas propuso un aumento de 26 millones de pesos en salarios caídos de la huelga realizada entre del 31 de mayo al 9 de junio de 1937, a lo cual las empresas se negaron.
Ante la indiferencia en cuanto a la situación de los trabajadores mexicanos, la Suprema Corte de Justicia también intervino y tras estudiar el caso ordenó que se concediera el aumento salarial. Como era de esperar, las compañías tampoco obedecieron y este fue el hecho que finalmente causó la nacionalización del petróleo.
La noche del 18 de marzo de 1938 llegó el anunció que cambió la historia de México: el general Lázaro Cárdenas informó a los medios de comunicación la nacionalización petrolera, que consistió en la apropiación legal del recurso que hasta entonces explotaban 17 compañías extranjeras.
Maquinaria, pozos y refinerías pasaron a ser propiedad de la nación. El 7 de junio de ese año se creó Petróleos Mexicanos como organismo encargado de explotar y administrar los hidrocarburos en beneficio del pueblo.
La historia se revierte
1938 es recordado con orgullo por el pueblo mexicano como el año en que lograron la soberanía petrolera, pero en la actualidad la amenaza de las compañías extranjeras vuelve a asomarse.
En diciembre de 2013 fue promulgada la reforma energética promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual permite que empresas privadas, nacionales o extranjeras, inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en suelo mexicano. Actividades que habían sido exclusivas del Estado desde la nacionalización petrolera de 1938.
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde y Acción Nacional (PAN) sumaron 95 votos a favor para poner fin a la política energética de Lázaro Cárdenas, que resultó de la lucha sindicalista.
La reforma energética
El petróleo seguirá siendo propiedad de la nación. Sin embargo, la reforma modifica tres artículos de la Constitución mexicana, lo que permite la participación de empresas privadas a la industria energética mexicana mediante contratos con el Estado, que podrán ser de servicios, utilidad y producción compartida, así como de licencias.
Estos contratos serán asignados por el Estado a través de licitaciones por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El texto modificado también da libertad a las empresas a utilizar terrenos que tengan propietarios, mediante el pago de un porcentaje de las ganancias que obtengan por la explotación de petróleo o gas. Quienes rechazan la reforma, aseguran esta medida afectará principalmente a los campesinos.
La ley también da paso al uso de la técnica del fracking (fracturación hidráulica) para la explotación de gas de esquisto o shale. Ha sido comprobado que este método contamina el medio ambiente e incluso puede causar terremotos.
El punto que defienden los propulsores de la reforma es que ésta otorga prioridad a Petróleos Mexicanos (Pemex) para elegir yacimientos, con el permiso de la CNH.
Además, aseguran que el propósito es aumentar la capacidad de producción de Pemex y hacerla más competitiva.
Pero los detractores de la reforma creen que para cambiar a Pemex no se debe permitir esta amplia intervención de las compañías extranjeras, debido a que aumentará la pobreza, traerá desempleo, fuga de capitales y destrucción del patrimonio nacional.
Esos mismos factores fueron los propulsores de la Revolución Mexicana de 1910, mientras que el irrespeto de las empresas extranjeras a los derechos de sus trabajadores trajeron la nacionalización petrolera de 1938. Quizá esta reforma energética podría ser la causa de otro cambio en la sociedad mexicana.
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