martes, 9 de febrero de 2016

Forenses niegan versión de incineración de los 43 de Ayotzinapa

Según el reporte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no hay evidencia de que los 43 normalistas hayan sido incinerados en Cocula.

Un equipo de forenses argentinos ofreció este martes pruebas "contundentes" de que los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en el sur de México no fueron quemados en un basurero en Cocula, como habría asegurado el Gobierno federal.

De acuerdo con el reporte del corresponsal de teleSUR en México, Fernando Camacho, la vegetación que se encuentra en el basurero de Cocula tiene un nivel de desarrollo que no corresponde a la magnitud del suceso que describió el gobierno mexicano.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó una rueda de prensa durante la cual aseguraron que en el basurero de esta localidad de Guerrero, en el sur del país, ocurrieron varios incendios en distintos momentos y que pese a que encontraron restos óseos de por lo menos 19 personas, ninguno correspondía a los estudiantes de Ayotzinapa.

En el informe presentado afirman que no se ha hallado información científica que sustente las versiones de los presuntos detenidos, bajo la cual basó su investigación el Estado mexicano.

Este reporte sería el segundo presentado que rechaza la versión oficial y ya ha generado reacciones.

"Su mentira histórica se ha hecho pedazos. necesitamos saber la verdad ya", sentenció Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos.

Los padres y familiares de las víctimas de ayotzinapa aseguraron que pedirán castigo para los funcionarios de la Procuraduría mexicana que les hizo creer una versión que ha sido desmentida en varias ocasiones. 

En contexto

El 27 de septiembre de 2014, un cerco policial ordenó detener un autobús en el que viajaban 43 estudiantes normalistas, quienes fueron detenidos y finalmente entregados a un cártel denominado “Los Rojos”.

Por el caso fue vinculado directamente el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Los familiares y ciudadanos en México en general, critican la lentitud del proceso de investigación y las diferentes versiones que han surgido en torno al caso, de las que se habla de alteración de pruebas y las inconsistencias del destino de los estudiantes, de lo que han considerado un crimen de Estado.

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